La respuesta a esa pregunta está en el primer comunicado oficial del 15 de mayo, cuando la presidenta convocó a las fracciones de oposición no para escuchar sino para conseguir votos para cuatro proyectos específicos (Crucitas, la ley de radio y televisión, Ciudad Gobierno y Marina de Limón).

La seguridad ciudadana no estaba en ese menú. La deuda con la CCSS tampoco. El IVM tampoco. La educación tampoco. Lo que estaba en el menú era minería, control de medios y megaproyectos con excepciones al régimen de contratación. Ese menú no es el de una presidenta que gobierna.

Es el de una administración que ejecuta el programa de quien gobierna desde el Ministerio de Hacienda y de la Presidencia con inmunidad y decenas de causas penales activas.

Costa Rica tiene hoy una diarquía. Fernández ocupa la presidencia formal. Chaves ocupa el poder real, desde el cargo que le garantiza la inmunidad que necesita para no enfrentar al fiscal que lleva semanas intentando controlar.

Esa diarquía no es un accidente de gestión. Es la arquitectura deliberada de un proyecto que aprendió durante cuatro años que el poder formal sin el poder operativo no sirve y que el poder operativo sin el poder formal es demasiado expuesto. La combinación de los dos, con una presidenta que produce la imagen y un ministro que toma las decisiones, es el diseño disponible para avanzar en la captura del Estado sin asumir personalmente el costo político de cada movimiento.

El método no cambió. Lo que cambió es la escala y la velocidad. El chavismo que durante cuatro años avanzó gradualmente en la captura institucional, tiene ahora 31 diputaciones, el Ejecutivo, la ANAI, la UNGL, 91 municipios bajo influencia directa o indirecta y una agenda legislativa que en 100 días produjo más proyectos de blindaje institucional que políticas públicas reales en cualquier área que afecte la vida cotidiana de la ciudadanía.

El método utilizado hasta ahora, es el mismo que se ha utilizado durante los cuatro años anteriores. Gobernar por conflicto, no por resultados.

Desde el primer día el gobierno adoptó una estrategia de anuncios sucesivos sin ejecución verificable que satura el espacio informativo («inundar la zona»), lo cual produce la ilusión de acción y encubre la pregunta central que nadie logra sostener el tiempo suficiente para que se cristalice. Mientras se anuncia todo ¿qué se hace realmente? ¿Es posible hacer 100 obras en 100 días? No. Pero para cuando la pregunta llegue habrá un escándalo más, más metros de tela anaranjada, otro enfrentamiento contra el fiscal o contra el Poder Judicial.

El patrón es identificable y consistente en los 100 días. Cada semana un anuncio nuevo. Cada anuncio diseñado para producir un titular que desplace al anterior. El polígrafo a los oficiales mayores. El cuerpo élite de seguridad. El polígrafo al cuerpo élite. Las reuniones mensuales de seguimiento. El primer paquete de seguridad. El segundo paquete de seguridad. El plan fiscal del 22 de julio. La cadena nacional sobre el diálogo con los Supremos Poderes. Cambiar los rangos. La llegada de la tela. Quitar los microondas. «Descubrir» un presunto «arsenal». Impedir las visitas. Doce proyectos de seguridad en dos paquetes. Ninguno con la estructura operativa, el presupuesto asignado ni el protocolo verificable que distingue una política pública de un anuncio.

El resultado de esa estrategia es que los problemas reales no se resuelven porque resolverlos requeriría asumir responsabilidad y asumir responsabilidad destruiría el único recurso político que el proyecto tiene. El único activo es la narrativa del cambio perpetuamente anunciado y nunca medible. Si no es uno de los voceros del gobierno, será otro, otra. Una y otra vez, hasta el agotamiento y la saturación.

Para quienes esperan resultados concretos estos nunca llegarán. Para quienes esperan soluciones a los problemas nacionales tampoco. Para quienes se mantienen con «triunfos por goleadas», por insultos, por gritería o presuntas llamadas de atención, ahí sí encuentran todas las semanas, como en el fútbol, las mejengas, vacilones e identidades de triunfo permanentes. Qué se gana con un marcador así, nada. El país no gana nada.

Cuando el Poder Judicial señala un problema, no se refuta el dato. Se ataca a quien lo presentó. Cuando la magistrada Solano documenta con cifras el impacto del recorte presupuestario, la respuesta del gobierno no es refutar los datos. Es decirle que deje de hablar paja y se ponga a trabajar. Cuando el sacerdote de Tilarán refuta el IVA a la canasta básica, el gobierno no defiende la propuesta con datos. Retrocede y dice que nunca fue exactamente así. Es más, nunca habló de subir el impuesto a la canasta básica y que tampoco nunca dijo «emperifollados». Cuando la Sala Constitucional desataca 123 expedientes de ciudadanos cuyos derechos estaban paralizados, el gobierno no celebra que la justicia funciona. La llama golpe de Estado.

La función del conflicto no es resolverlo. Es producirlo. Un problema nacional que se convierte en política pública le exige al gobierno resultados medibles. Un problema nacional que se convierte en adversario al que culpar, le exige únicamente narrativa. La narrativa es infinitamente más barata y más fácil de administrar que las políticas públicas. Por eso el método no cambia. La idea es mantener el rating, como un noticiero que no informa, que no produce realmente noticias, sino solo show permanente. ¿Suena conocido no?

Pero, además, durante estos cien días ha naufragado la falacia de la economía jaguar y ha emergido la crisis fiscal real. El gobierno heredó una narrativa económica que no le pertenece y una crisis fiscal que sí le pertenece, aunque intente atribuírsela a la oposición obstruccionista. El jaguar económico que el chavismo celebró fue el resultado del ecosistema que las administraciones anteriores construyeron durante tres décadas, no de las decisiones del gobierno de Chaves. En 1990 las zonas francas exportaban $94 millones con 7.000 empleos. En 2024 exportaban $13.000 millones con 197.000 empleos directos. Ese recorrido fue posible porque generaciones de costarricenses construyeron y sostuvieron seis pilares simultáneos (talento humano formado por la educación pública, salud universal que garantizaba fuerza laboral productiva, infraestructura, seguridad jurídica, estabilidad institucional y una marca país ambiental).

En 100 días de Fernández, heredando cuatro años de Chaves, el cuadro económico es el siguiente. Los ingresos tributarios cayeron 2,5% interanual. La deuda pública está en el 60,5% del PIB. Los intereses crecen ₡55.000 millones respecto al año anterior. Las zonas francas desaceleran por duodécimo mes consecutivo. Boston Scientific, la mayor empresa del sector con 10.000 empleados en el país, anunció reestructuración global.

El BCCR admitió en actas que su propia política monetaria, el colón más fuerte en veinte años, contribuyó a la deflación que destruye la competitividad de las exportaciones y el empleo en la periferia. La manufactura perdió 38.000 puestos. El turismo perdió 9.643 empleos pese a un récord de visitación. El 65% de los jóvenes está fuera de la fuerza laboral, el mayor nivel en la década. Y Costa Rica aparece como el país con mayor pobreza infantil de la OCDE con el 29,6%. Todos son datos oficiales.

El plan fiscal del 22 de julio, presentado por la misma persona que opacó la regla fiscal en 2022 con un decreto que la Contraloría calificó de abiertamente contrario a la ley, no tiene meta de recaudación declarada, no toca las causas estructurales del déficit y propone los eurobonos «como manzanilla» para una fractura que requiere cirugía. Los eurobonos no generan nuevos ingresos, no reducen los gastos estructurales y no eliminan la voluminosa deuda existente. El gobierno que presenta ese plan como respuesta a la crisis fiscal, heredó esa crisis de sí mismo. Eso sí, los eurobonos producen bronca. Asegura una vez más dividir al país en al menos dos bandos. Quienes dicen que son necesarios para atender la crisis (curioso porque entonces reconocen la crisis) y quienes dicen que no, pues no atienden el problema principal (el gasto del gobierno no ha sido ni siquiera tema, el manejo de las finanzas públicas no ha sido abordado, tampoco ha sido señalada la recaudación fiscal, a pesar de que ya hay hasta un nuevo sistema que opera en la hacienda pública).

El Estado que debe ₡4,43 billones a la CCSS, que tiene ₡1,6 billones de contribuyentes cumplidos retenidos en Tribu-CR sin devolver, que retiene ₡45.000 millones de la CCSS del impuesto al tabaco y que proyecta cuotas estatales al IVM en cero para el segundo semestre de 2026, no está en una crisis fiscal que le llegó de afuera. Está en la crisis que sus propias decisiones produjeron durante cuatro años y que los primeros 100 días de Fernández no corrigieron en ningún frente. Esa discusión en el país está ausente.

Pero donde realmente hace aguas el gobierno Fernández es en seguridad y narcotráfico. Ahí emergen las «casualidades» del chavismo. En materia de seguridad los primeros 100 días de Fernández son la continuación sin interrupción del gobierno de Chaves. No hay cambio de política. Hay cambio de escenografía. Se mantiene hasta el guion.

Los decomisos de droga cayeron de 71 toneladas en 2021 a 25,2 toneladas a junio de 2025. Durante todo el período de Chaves. La administración anterior decomisó 341 toneladas. El gobierno de Chaves decomisó 162 toneladas en casi cuatro años. Esa caída no se explica porque el narco dejó de pasar por Costa Rica. La DEA estima 500 toneladas anuales en tránsito. Lo que cayó es la detección. Y lo que cayó la detección es porque los mecanismos de detección fueron sistemáticamente desmantelados. ¿Casualidades?

El Operativo Némesis capturó al Diablo el 24 de julio. Su declaración es pública. El Diablo afirmó haber controlado gran parte de la Fuerza Pública que reportaba al Ministerio de Seguridad de Chaves. Cinco policías de esa Fuerza Pública fueron formalmente acusados de colaborar con su organización. Diez policías designados por el gobierno para vigilar APM Terminals facilitaban movimientos de cocaína.

La organización del yerno de Macho Coca movió 14,5 toneladas por ese mismo puerto entre 2023 y 2025, durante la Operación Soberanía activa. El informe DIAC del 12 de abril de 2026, producido por el propio Ministerio de Seguridad, documentó que 116 de 122 policías analizados en la Zona Sur tenían vínculos con el crimen organizado. Ese informe estuvo archivado cuatro meses. El hoy ministro de Seguridad, según se informó en un programa de televisión, consideró que Macho Coca «era un mito». ¿Casualidades?

Lo que el gobierno anunció en el período de los 100 días en materia de seguridad son doce proyectos en dos paquetes. Ninguno asigna recursos al OIJ en los corredores del narco. Ninguno crea fiscales especializados en crimen organizado. Ninguno repara las 1.500 patrullas fuera de servicio. Ninguno reinstala la base de Guardacostas de Sixaola como una operación que debe tratar de retomar el tiempo perdido. Ninguno aborda la infiltración criminal documentada por su propia DIAC en el 95% de los policías analizados en la Zona Sur. El taser para combatir organizaciones con AK-47 y FAL. El cambio de nomenclatura de comisionado a coronel. Los brazaletes para deudores de pensiones en el mismo paquete de seguridad que la megacárcel. ¿Casualidades?

La pregunta que el chavismo no puede responder es la que los propios decomisos plantean. Si el gobierno ahora decide regresar la PCD a fronteras y Guardacostas a Bahía Drake, está admitiendo implícitamente que retirarlos fue un error. ¿Cuánta droga pasó durante el tiempo que el gobierno decidió no vigilarlas? ¿Quién se hace responsable en última instancia? ¿Hubo algún convenio con las organizaciones criminales que operaron sin obstáculos durante ese período? Esas preguntas no tienen respuesta. El decreto del secreto de Estado que Fernández firmó el 10 de agosto de 2026 sobre la DIS, la Fuerza Élite y el Consejo de Seguridad, cubre exactamente la información que permitiría responderlas. ¿Casualidades?

Durante estos 100 días ha continuado la destrucción de las columnas vertebrales del desarrollo en Costa Rica, la educación, la salud y el ambiente. Mientras la narrativa del jaguar ocupaba el ciclo noticioso, los seis pilares que construyeron el ecosistema productivo costarricense recibieron golpe sistemático durante cuatro años que los primeros 100 días de Fernández no revirtieron.

En educación, el financiamiento cayó a niveles históricos, los más bajos de la década. 108 escuelas y colegios tienen órdenes sanitarias activas. Las becas Avancemos fueron eliminadas. El presupuesto de educación para 2027 quedó comprometido antes de que comenzara. El MEP emitió una circular que restringe las expresiones políticas de los docentes, investigado por proselitismo en el acto inaugural del curso lectivo. Sin escuelas en condiciones y sin becas para que los jóvenes de la periferia completen secundaria, el talento que el inversionista busca tarda una generación en reponerse.

En salud, la CCSS lleva más de un año sin estados financieros. Tiene 1,2 millones de personas en lista de espera. Los amparos por medicamentos subieron un 90% desde 2022. El Estado le debe más de ₡4,43 billones. El hospital San Juan de Dios implantó lentes vencidos a 253 pacientes. Una emergencia por especialistas obligó a convocar la Junta Directiva de urgencia. Y el MTSS condicionó el pago de cuotas al IVM a recibir datos de dos millones de trabajadores, con cuotas estatales proyectadas en cero para el segundo semestre.

En infraestructura, la inversión pública cayó a sus niveles más bajos de la década. La Contraloría advirtió que la infraestructura pública sigue gestionándose de forma reactiva ante desastres. El CONAVI aprobó reducir ₡3.000 millones de su presupuesto para 2027. El AyA tiene proyectos en desorden que comprometen el servicio de agua. La respuesta del gobierno a emergencias viales fue un puente Bayley.

En ambiente, el estudio publicado el 10 de agosto en el Journal of Land Use Science documentó que el narcotráfico opera en la Península de Osa usando las cadenas logísticas del modelo exportador costarricense. El Ministerio de Salud cambió los parámetros de calidad del agua potable sustituyendo límites fijos por valores dinámicos. La Asamblea archivó el Acuerdo Escazú. El Ejecutivo presentó un proyecto para reducir la desconcentración de la Setena pasando su control de técnico a político. La marca país ambiental que durante décadas diferenció a Costa Rica en los mercados globales está siendo canjeada por proyectos sin diagnóstico y parámetros de tolerancia donde había precaución.

Las zonas costeras que concentran la mayor parte de la pobreza rural del país y que dependen directamente del turismo, la pesca y la agroindustria de exportación, son las que acumulan el mayor costo de ese deterioro simultáneo.

El turismo perdió empleos pese al récord de visitación porque el colón fuerte destruyó la competitividad del destino. La pesca artesanal compite con redes de contrabando que el Estado decidió no vigilar. Y los planes reguladores de los cantones costeros están en manos de alcaldes que respondieron con adhesión pública al proyecto a cambio de protección política.

Mientras tanto, todo ello se da bajo una arquitectura de la impunidad. Casos irregulares que tienen una agenda peligrosa: Tesorería, INA, Inspección Laboral. En paralelo a la narrativa del cambio, el gobierno construyó durante los 100 días una arquitectura institucional cuyo objetivo no es mejorar la gestión del Estado sino garantizar que el Estado no pueda investigar, auditar ni sancionar las decisiones del proyecto.

Ahí calza el intento de someter la Tesorería Nacional, que administra ₡1,5 billones en recursos del Estado, a la Dirección de Gestión de Deuda Pública que Chaves controla, está documentado en el oficio MH-OMDAF-DGPH-UGOT-OF-0106-2026. El abogado que lo denunció fue trasladado en 60 segundos con 24 horas para presentarse en su nuevo destino. El Tribunal Contencioso frenó ese traslado con medida cautelar. Pero el intento quedó en el expediente.

El mecanismo absolutamente ilegal con que Hacienda resolvió las inversiones irregulares del INA está calificado exactamente así por el propio asesor jurídico del ministerio en documento público. No fue una irregularidad que el gobierno detectó y corrigió. Fue una irregularidad que el gobierno cometió y que su propio asesor jurídico documentó como ilegal. Chaves y el exjerarca del INA fueron denunciados ante la Fiscalía por desvío de fondos en el contrato con Open English.

El proyecto de inspección laboral privatizada, impulsado por quien hoy es asesor de la presidenta, busca crear inspectores privados acreditados por el Ministerio para verificar el cumplimiento laboral de las empresas. No es un mecanismo de cumplimiento técnico. Es un mecanismo de control político con presencia territorial permanente en todas las empresas del país. El inspector privado que quiere renovar su concesión tiene un incentivo estructural para ser severo con las empresas que el gobierno señala como problemáticas y generoso con las que cooperan. El proyecto está frenado pero no archivado. El asesor que lo impulsó sigue en Zapote.

El proyecto de embargos administrativos sin autorización judicial convierte a Hacienda en acreedor, ejecutor y árbitro simultáneamente. Una empresa que no coopera políticamente puede ser embargada sin que un juez independiente revise la motivación. La empresa que financió a la oposición política aparece con irregularidades tributarias. La empresa que dio declaraciones críticas al gobierno encuentra problemas en sus contratos. El sistema de incentivos hace el trabajo solo, sin orden escrita, sin huella documentable.

Nada de esto ha sido abordado con la seriedad que merece. Se trata de un plan gestado para la captación del empresariado nacional. No solo el grande, sino el pequeño y el mediano, así como el micro. Si a ello se suma el control de las municipalidades, nada alejaría a Costa Rica de las dictaduras que controlan los territorios con el cierre o apertura de negocios, según el beneplácito o voluntad del déspota. Súmele a ello traer tecnología para el espionaje. Claro está que habrá quien dirá «eso no pasa en Costa Rica» o «es que lo dice quien es antichavista». Para verdades el tiempo. Para datos, los presentados. Son hechos. No interpretaciones.

La destrucción del Poder Judicial, en este escenario de 100 días es la garantía de impunidad permanente. El frente más revelador de los 100 días de Fernández no es ninguna política pública. Es el conjunto de acciones orientadas a neutralizar al único árbitro que puede investigar, sancionar y frenar al proyecto.

El bloqueo de magistrados suplentes llegó a doce rondas. La presidenta legislativa devolvió la nómina dos veces violando la resolución de la Sala IV de 2013. 123 expedientes con derechos fundamentales de ciudadanos específicos fueron paralizados, incluyendo el trámite del desafuero de Chaves. El recorte acumulado al Poder Judicial supera los ₡17.000 millones. La Corte Plena tomó acciones legales contra ese recorte por violación del artículo 167. Pero la norma fue eliminada sin consultar a la Corte, que es exactamente el procedimiento que la Constitución exige.

Cuando la Sala Constitucional resolvió el 30 de julio, prorrogando los suplentes y protegiendo los derechos de los ciudadanos paralizados, la respuesta del gobierno en 24 horas fue la más grave del período democrático costarricense. Fernández llamó golpe de Estado a la resolución, Jiménez anunció querella por prevaricato contra los cuatro magistrados y Acosta declaró en televisión nacional que el PPSO no acataría los fallos de los suplentes. Fernández fue físicamente a la Corte Suprema a presentar la querella. Ese desplazamiento físico convierte la denuncia en intimidación institucional, una vez más.

El expediente legislativo 25.634 impulsado por Marta Esquivel, investigada en el caso Barrenador con 14 causas penales activas, busca que la Asamblea controle el nombramiento del fiscal general. El mandato de Carlo Díaz vence en octubre. Si el próximo fiscal lo nombra la bancada que acumula más causas penales del Congreso en la historia del país, el proyecto habrá capturado al árbitro que investiga esas mismas causas.

La reforma constitucional de Esquivel para que la Asamblea controle la elección de magistrados suplentes eliminaría el papel de la Corte en la propuesta de candidatos, exactamente cuando catorce magistraturas vencen en dos años. Y la propuesta de quitarle la fiscalización previa a la Contraloría permite que cualquier contrato irregular se ejecute, se pague y se consuma antes de que la auditoría pueda señalarlo.

El triángulo que esos tres proyectos construyen simultáneamente es la arquitectura de la impunidad permanente. Hacienda sin contrapeso judicial efectivo. Contraloría sin fiscalización previa. Poder Judicial con magistrados nombrados por la Asamblea que el proyecto pretende controlar para 2028. Con esos tres vértices completos no hay árbitro que pueda revisar nada antes de que el daño esté hecho. Si les suena conocido a Nicaragua, El Salvador, Cuba o Venezuela, no es casualidad.

La catapulta chavista, luego de estos primeros 100 días: la captura municipal y el proyecto para 2028. Mientras la atención pública se concentra en el Poder Judicial y la Asamblea, el proyecto avanza en el frente que menos cobertura recibe y que tiene consecuencias duraderas en la captura del régimen municipal de cara a las elecciones de diciembre de 2028.

La Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes cayó bajo control oficialista en abril. La Unión Nacional de Gobiernos Locales fue capturada en mayo mediante concurso declarado desierto y nueva junta constituida con transfuguistas.

En julio dos municipalidades más se incorporaron al bloque chavista. El proyecto controla hoy directa o indirectamente la institución que administra patentes, permisos, planes reguladores, policía municipal y espacio público en la mayoría de los 84 cantones del país.

Freddy González, secretario general del PPSO, investigado en el caso Infocoop y formado en el aparato territorial del PLN, dirige la estrategia para convertir al proyecto en fuerza municipal dominante en 2028. El nombramiento en JUDESUR de la pareja del alcalde que horas antes declaró su adhesión al proyecto, con la Contraloría habiendo detectado una morosidad del 61,7% en la cartera crediticia de esa institución, en la Zona Sur donde el informe de la DIAC documentó infiltración criminal masiva, describe la mecánica del sistema en su expresión más precisa.

El embargo judicial sobre todas las cuentas del Partido Pueblo Soberano, firmado el 15 de julio de 2026 por la jueza Rosibel de Los Ángeles Jara Velásquez con suma embargable de ₡109.377.274,125, plantea preguntas sobre cómo se financiará esa infraestructura territorial hacia 2028. Un partido que ya no puede documentar el origen del 81% de sus gastos de campaña, que tiene ₡38 millones de origen cuestionable bajo revisión del TSE y que ahora tiene todas sus cuentas bancarias embargadas, necesita explicar de dónde vendrá el dinero para construir la maquinaria municipal en 91 cantones durante los próximos 28 meses.

El cierre de la coptación del país está en el ámbito del control privado. El gobierno afirmó en junio de 2026 que contrataría tecnología de inteligencia de origen israelí para Hacienda, descrita públicamente por Chaves como del Mossad, sin especificar qué hace, cuánto cuesta, qué datos procesa ni qué garantías existen para la privacidad de los ciudadanos. Ese contrato llegó en el mismo período en que la DIS siguió a opositoras que hoy tienen asilo político en otro país, en que el diputado Morales del propio PPSO denunció seguimientos de la DIS a sus familiares y en que el fiscal general declaró que lo vigilaban.

Para el sector empresarial el mayor riesgo no está en los proyectos de seguridad. Está en el proyecto de embargos sin juez, en la inspección laboral privatizada, en la tecnología de inteligencia sin especificaciones públicas y en la señal que produce el caso Baruch, donde un TikTok fabricado produjo un megacaso de evasión que la Fiscalía ya había pedido desestimar 17 días antes y que terminó en sobreseimiento definitivo después de meses de daño reputacional. El mensaje para el sector empresarial es que el costo de no cooperar políticamente es un proceso judicial sin fundamento que puede ser iniciado con un video en redes sociales.

Hay una pregunta que cualquier análisis político serio no puede eludir. ¿Está Costa Rica en camino a la dictadura? La respuesta depende de cómo se define el término. Si la dictadura requiere gases lacrimógenos y detenidos, como Cisneros argumentó, entonces no. Si la dictadura es el sistema donde el poder se concentra en un actor que domina los órganos de control, el árbitro electoral, el sistema judicial, el aparato de seguridad, el régimen municipal, la prensa y la economía privada mediante instrumentos que no requieren decreto formal ni estado de excepción, entonces la pregunta es cuánto falta.

Los cuatro indicadores del litmus test de Levitsky y Ziblatt están presentes y documentados. 1) El rechazo de las reglas democráticas del juego «ya tenemos el Ejecutivo y el Legislativo, vamos por el Judicial», eurobonos sin Asamblea, intento de captura de la Tesorería. 2) La negación de la legitimidad de los opositores: comunista obstruccionista, Partido Poder Perjudicial, buchaca de plata del OIJ. 3) La tolerancia o fomento de la violencia: 116 policías con vínculos criminales en la Zona Sur, cinco policías acusados de colaborar con el narco, diez policías facilitando cocaína en APM. 4) La disposición a restringir las libertades civiles: circular del MEP sobre docentes, traslado del abogado de la Tesorería, proyecto de embargos sin juez, asilo político de una activista costarricense.

Lo más importante del análisis de los 100 días de Fernández no es el balance de su gestión personal. Es que el proyecto que ella administra tiene un plan que funciona con ella o sin ella. Si Fernández termina su mandato, Chaves tiene la infraestructura municipal de 2028. Si Chaves gana las municipales, tiene el territorio que necesita para un referéndum. Si el referéndum llega antes de las presidenciales de 2030 con una pregunta sobre la reelección, y si el fiscal general es quien el PPSO nombró en octubre y si los magistrados que resuelvan ese referéndum son quienes la Asamblea nombró con los votos del PPSO, el ciclo del crony capitalism costarricense habrá completado el recorrido que el caso Suharto de Indonesia tardó 32 años en completar. El chavismo lleva cuatro.

Lo que detiene ese proceso no es la oposición formal respondiendo episodio por episodio dentro del marco que el proyecto define. Es exactamente lo que los últimos 100 días demostraron que todavía funciona cuando puede operar sin interferencia. El OIJ que captura al Diablo sin pedir permiso. La Sala Constitucional que desataca expedientes sin negociar con quien los bloqueó. El Tribunal Contencioso que frena el traslado del abogado denunciante. El sacerdote de Tilarán que refuta el IVA con el precio de los frijoles. La ciudadanía del 6 de agosto que llenó la página en blanco con el himno nacional.

Esas instituciones y esa ciudadanía son lo que Costa Rica tiene que el chavismo necesita destruir antes de que el plan esté completo. Y el plan está en marcha. La evaluación de los primeros 100 días de Laura Fernández no es la evaluación de una presidenta. Es la evaluación de la fase dos de un proyecto que comenzó el 8 de mayo de 2022 con un objetivo se declaró sin vergüenza desde la tarima de Nicoya: ya tenemos el Ejecutivo y el Legislativo. Vamos por el Judicial. Los primeros 100 días de Fernández son los 100 días que ese proyecto lleva con los tres poderes en la mira simultáneamente.