- Ante la crisis de violencia extrema, moral y educativa, que se ha agudizado en los últimos tres años, las escuelas en Costa Rica deberían contar con equipos interdisciplinarios de atención y contención, integrados por profesionales idóneos, que permitan sanear los enrarecidos ámbitos escolares y afrontar correctamente los problemas que afectan a los estudiantes.
Adriana Núñez, periodista Visión CR
En Costa Rica, los colegios profesionales, creados cada uno por ley de la República, nacieron con el propósito de cumplir fines públicos, tales como garantizar el ejercicio ético e idóneo de las profesiones, asegurar la calidad del servicio profesional que se brinda a la sociedad y por supuesto, para proteger los derechos e integridad tanto de los ciudadanos que reciban dichos servicios, como los de quienes los ofrecen.
Entre sus fines primordiales están: resguardar a la sociedad costarricense ante los posibles daños y perjuicios que puedan ocurrir y a la vez, promover una calidad óptima en el ejercicio del trabajo profesional.
La mayoría de dichas organizaciones ha aprobado códigos éticos que regulan el quehacer de los colegiados a los cuales, les practican exámenes de habilitación con el fin de garantizar que poseen los conocimientos necesarios para el ejercicio de la disciplina escogida.
Lastimosamente, la doble moral que ha permeado a algunos segmentos de la sociedad costarricense ocasiona que muchos se “hagan de la vista gorda” y antes de pagar lo justo por un trabajo profesional adecuado, prefieren improvisar y valerse de cualquiera, aunque la persona no cumpla los requisitos que se necesitan para realizar trabajos profesionales. Ello sucede tanto en el ámbito público -incluida la política- como en el privado.
Debido a los ataques que han debilitado la función de algunos colegios profesionales y la confusión que prevalece en la opinión pública, los yerros y malas prácticas son ahora muy frecuentes, por ejemplo, en el campo periodístico, donde las carencias son notorias ante las fallas éticas, ortográficas, conceptuales y de formación básica palpables en medios de comunicación, en los que la improvisación y la manipulación informativa están a la orden del día. Ello provoca percepciones erróneas entre los receptores de noticias y que de eso se aprovechen quienes “en río revuelto, salen gananciosos”.
Pero en esta ocasión, vamos a referirnos a un sector distinto: el de la educación, en el cual se ha puesto en evidencia una profunda crisis de violencia, que se manifiesta en los hechos delictivos que a diario cometen tanto estudiantes como personas externas en dichos recintos.
Escuelas sin contención adecuada ante los problemas
Para muestra un botón: en varios sucesos acaecidos en semanas recientes, ha quedado en entredicho el pésimo abordaje que muchas instituciones educativas supuestamente implementan, frente a situaciones que ponen en peligro hasta la vida de los alumnos.
Una de las causas de tantos desaciertos, es la carencia de profesionales en psicología en una mayoría de las escuelas tanto públicas como privadas; una necesidad que las circunstancias actuales demandan, dados los recurrentes actos ilícitos, las graves carencias económicas, drogadicción y violencia intrafamiliar que están agrietando la seguridad mental y física de la población estudiantil en distintas regiones del territorio nacional.
De acuerdo con los datos recientes del Ministerio de Educación Pública (MEP), emitidos al inicio del curso lectivo 2025, existen en el país alrededor de 5,233 centros educativos públicos y privados reportados. En 2023, se acumularon más de 800 incidentes estudiantiles en las escuelas nacionales y este año, ya en los primeros tres meses del curso lectivo 2025, la Contraloría Estudiantil del MEP reportó más de 200 sucesos graves. cifra superior a la detectada en el mismo período en años anteriores.
Del total de escuelas, menos de 150, ubicadas en zonas de atención supuestamente “prioritaria”, cuentan con equipos profesionales interdisciplinarios -en los que se incluyen psicólogos y trabajadores sociales- que estén en capacidad de afrontar situaciones de riesgo, de valorar para prevenir- sobre todo las causas que detonan acciones violentas por parte de uno o varios estudiantes- y en especial, para atender y apoyar a las víctimas de forma inmediata.
Es un hecho que algunas escuelas privadas han optado por presentar y anunciar “apoyo psicológico” para los alumnos con el fin de traer tranquilidad a los padres que pagan altos precios por matrículas y materiales y de alguna forma, dichos progenitores, se sienten atraídos por el concepto, y se sienten más seguros de que en las aulas, se contribuirá a la guía y formación ética de sus hijos. Y por ello muchos hacen el sacrificio económico de mandarlos a determinadas instituciones.
Pero en realidad -sin demeritar la labor que muchos profesores realizan- lo que varios de esos centros educativos tienen, son unos pocos maestros -no psicólogos ni trabajadores sociales- con estudios en pedagogía, los cuales les permiten puntualmente gestar esfuerzos encaminados a mejorar la capacidad de aprendizaje de los alumnos y la calidad de los programas educativos, sin que con ello se profundice -pues en ese campo no poseen las herramientas- en el aspecto psicológico, psicosocial y conductual del estudiante.
Por eso, a lo interno de innumerables escuelas y colegios hay tanto bullying, acoso sexual, tráfico de drogas y portación de armas punzocortantes e inclusive de fuego. Podríamos decir que algunas de ellas, se han convertido en “bombas de tiempo” ante la ligereza con que se atienden asuntos que poseen hondas raíces y que se podrían solucionar antes de que exploten, con la debida vigilancia y experticia profesional.
Bien haría el Ministerio de Educación en concertar una alianza con el Colegio de Profesionales en Psicología, para que muchos de sus agremiados se incorporen de forma rotativa o permanente a las escuelas y destinar para ello un presupuesto adecuado, que verdaderamente le garantice al país, la implementación de estudios preventivos y la atención urgente de los casos más delicados que se vayan detectando.
En cuanto a quién hace qué, el título universitario y la incorporación al colegio profesional correspondiente, son las certificaciones que se deberían exigir en cada contratación, considerando la crisis que afecta el sector de la educación en Costa Rica, tan venido a menos, no solo por la carencia de dineros sino por la improvisación y el oportunismo prevalecientes.
Es preciso recordar que hace pocas décadas, los mismos maestros de escuela hacían énfasis en la importancia de las profesiones y los oficios, y decían: «El escritor, escribe. El policía, vigila. El médico cura, el maestro enseña…no lo olviden, cada uno a lo suyo o como reza el refrán, ¡zapatero a tus zapatos! En el caos y la confusión, siempre habrá oscuridad.»
