“La violencia hiere el cuerpo y la mente del que la ejecuta, del que la sufre, de los que lloran, de toda la humanidad. Nos rebaja a todas las personas”
(Kathy Reichs, antropóloga forense y escritora)
*La avalancha de indocumentados que ha azotado especialmente a naciones europeas y a los Estados Unidos, ha causado graves consecuencias en sus culturas
* A ello se suman dirigentes políticos que prefieren incitar al odio y alinearse con la ilegalidad, con tal de obtener réditos en las elecciones locales y nacionales
* Con sus actitudes contrarias a la ley y a la voluntad electoral de las mayorías, propios y extraños contribuyen al caos social y desfiguran la Democracia, que -sin abandonar a las minorías vulnerables- descansa precisamente en la voluntad del mayor número
Adriana Núñez, periodista
Una de las consecuencias más negativas provocadas por una altísima migración ilegal, cuando se asienta en determinada ciudad, región o país, es precisamente que muchos de esos grupos no sólo poseen visiones éticas, culturales y sociales diametralmente opuestas a las del entorno en el que quieren vivir, sino que además, con frecuencia no están dispuestos a transformar algunas de sus costumbres y formas de actuar para integrarse de manera más plena al nuevo vecindario en el que pretenden establecerse.
Ejemplos evidentes del problema los tenemos actualmente a la vista en distintas naciones del nuestro y de otros continentes, donde en las cada vez más frecuentes protestas callejeras, no faltan pancartas en idiomas que no son los propios del sitio, vestimentas y símbolos de otras sociedades e incluso banderas de las naciones de origen de muchos de los que se lanzan a las calles a realizar reclamos, generalmente de forma violenta.
Ello resulta sumamente paradójico pues en infinidad de casos, ante el fracaso de sus gobiernos y motivados puntualmente por precarias situaciones económicas, miles de personas huyen de su tierra natal, buscando mejores condiciones materiales. No obstante, aún cuando alcanzan esa meta, son incapaces de respetar las costumbres y reglas que rigen cada nación y por ello, mientras en las revueltas ondean estandartes extranjeros, algunos queman sin misericordia los que representan al país en el cual han recalado, tanto de manera legal como ilegalmente.
Otro agravante es que sus voces se suman a grupos locales de interés político, que ven en ellos -con o sin papeles- posibles votantes y una excusa para fomentar la rebeldía callejera.
La violencia, entendida como el uso intencional de la fuerza física o el poder, actúa como un instrumento de dominación para subyugar individuos o grupos y se emplea para imponer la voluntad del dominador al precio que sea, incluso siendo contraria a las normas existentes. Dicha coerción busca controlar, generar temor y mantener estructuras de poder o desigualdad.
Eso está sucediendo en infinidad de países, con especial énfasis en naciones europeas tales como el Reino Unido, Francia, España, Irlanda, etc. y también en los Estados Unidos.
De acuerdo con varios sociólogos, “las minorías que se imponen por la fuerza -fenómeno a veces designado como “tiranía de las minorías”- son grupos proporcionalmente pequeños, religiosos, étnicos, políticos o económicos, que pretenden manejar a su manera decisiones, recursos o incluso la agenda pública, por encima de las estructuras legales y determinaciones políticas que rigen una región, estado o nación”.
Fenómenos que claramente atentan contra la identidad y la paz social
EUA ante avalancha de ilegales
Según estudios oficiales, tan solo entre 2022 y 2023, durante la administración del demócrata Joe Biden, alrededor de 12 millones de inmigrantes indocumentados llegaron a Estados Unidos. Entre ellos, la población mexicana sigue siendo una de las más significativas, pero las cifras también han mostrado un aumento de ilegales procedentes de países africanos musulmanes, entre los cuales destacan más de 100.000 personas de origen somalí, asentadas actualmente en Minnesota.
Acuerpados por autoridades locales afiliadas al Partido Demócrata que rigen los llamados “estados santuario”, cientos de esos inmigrantes se han sumado a las protestas callejeras en las que también participan estadounidenses de la misma denominación política, en la cual la izquierda radical ha ganado mucho terreno.
Desde que -hace alrededor de un año- asumió la Presidencia el republicano Donald J. Trump, han intentado desestabilizar al país, mediante focos de violencia en distintas regiones y a la vez, obstruir el desempeño del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) que realiza su labor en respuesta a una de las promesas de campaña -por la que millones de electores votaron- de combatir la llegada masiva de ilegales y el crimen organizado en los Estados Unidos.
Frente a esa realidad, el Gobierno Federal ha tenido que emplear numerosos recursos para controlar a las minorías violentas. Dichos esfuerzos conllevan no sólo un enfoque multidisciplinario que combina medidas legales, preventivas y sociales para garantizar la seguridad y los derechos fundamentales, sino además la ejecución de acciones clave como son: la penalización de la incitación al odio y el desplazamiento de cuerpos policiales.
En este contexto, existen normas y procedimientos para combatir cada situación; entre ellos las medidas políticas y jurídicas contra el rechazo a la aplicación de la ley, que incluyen la inhabilitación de funcionarios (beligerancia), nulidad de actos contrarios a normas prohibitivas, y sanciones por desacato a resoluciones judiciales. Todo ello busca proteger el Estado de Derecho y asegurar el cumplimiento de la Constitución y la jurisprudencia.
El acta de insurrección
Ante la gravedad de los hechos que están acaeciendo principalmente en el estado de Minnesota -ubicado en el Medio Oeste del país y limítrofe con Canadá- el presidente Donald Trump ha vuelto a amenazar con invocar una ley del siglo XIX -que rara vez se utiliza- esta vez para desplegar cuerpos militares, precisamente en la capital de ese estado, donde cientos de personas siguen protestando contra la presencia de agentes de ICE.
La Ley de Insurrección de 1807 permite al presidente utilizar personal militar en servicio activo para realizar funciones policiales dentro de Estados Unidos.
Los presidentes estadounidenses pueden invocarla si determinan que hay obstrucciones, coaliciones, reuniones o rebeliones ilegales contra el Gobierno, que imposibiliten la aplicación de la ley por la vía ordinaria de los distintos procedimientos judiciales.
A diferencia del nuestro, que -por ventura- no tiene ejército, y en virtud de su propia historia, los Estados Unidos, uno de los países más poderosos del planeta, posee una estructura militar enorme, ampliamente respetada por propios y extraños.
Vistos los sucesos más recientes, de hecho, quizás sea esta la vía necesaria pues como bien lo ha señalado Trump, la paciencia tiene un límite y definitivamente, los acontecimientos ameritan una intervención presencial masiva, fuerte y decidida que permita alcanzar un clima de estabilidad y paz en una comunidad donde tanto sus autoridades locales, como quienes casi a diario perturban el orden y arremeten contra la legalidad, han perdido totalmente el sentido común y el respeto por la normativa vigente.
“Ante las atrocidades tenemos que tomar partido. El silencio estimula al verdugo”
(Elie Wiesel, premio Nobel de la Paz y superviviente del Holocausto)
