Claudio Alpízar Otoya, politólogo.
Desde hace más de una década, el ICE no ha podido invertir adecuadamente en su infraestructura y ha visto limitadas sus acciones de desarrollo. Por ello, a inicios de 2022 se planteó la necesidad de una ley mediante la cual la iniciativa privada ayudara al ICE a enfrentar el rezago que, producto de decisiones políticas erradas, venía padeciendo el país en materia de generación eléctrica y energética.
Así surgió un proyecto integral con la participación de diversos actores del sector, tanto públicos como privados. En él se incluyó la planificación integrada de largo plazo para el sector energético, tanto para el ICE como para RECOPE.
Sin embargo, en la pasada Asamblea Legislativa, la diputada Pilar Cisneros y su equipo tomaron esa propuesta y la desarticularon, dando origen a la mal llamada Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional.
Esta legislación tiene una visión de corto plazo; sacrificó la planificación estratégica, eliminó la protección de la tarifa social y terminó convirtiéndose en una simple apertura de mercado pensada en el lucro de unos pocos. Se trata de un parche para un problema profundo, que no resuelve las causas estructurales ni despeja los temores de apagones que ya se perciben en el corto plazo.
Nos encontramos, entonces, en una situación compleja que requiere no solo una propuesta integral de largo plazo que proteja las tarifas sociales de energía, sino también una estrategia que fortalezca las necesidades del sector privado bajo mejores condiciones y sin el temor de carencias o apagones que afecten las actividades productivas del país.
El futuro del sector eléctrico debe analizarse con visión de “cuarta dimensión”, tal como hoy lo hacen los países desarrollados: descarbonización, desconcentración, digitalización y desregulación. Estas cuatro “D” deben avanzar de la mano dentro de una propuesta seria, solidaria y de largo plazo para Costa Rica.
Esto implica planificación técnica en generación, transmisión y distribución; operación técnica del sistema y del mercado; desregulación y adaptación normativa; así como estabilidad jurídica y una transición gradual.
Nada de eso contempla la mal llamada Ley de Armonización, que además se enfoca —por intereses económicos particulares— en los generadores, donde existe una gran rentabilidad sobre la inversión, y en los grandes consumidores, cuyo poder económico les permite ventajas competitivas. En cambio, esta ley carece de una verdadera visión social y solidaria.
El mercado eléctrico costarricense ha estado abierto a otros actores desde hace muchos años, con empresas como ESPH y JASEC, así como cooperativas que han realizado un trabajo extraordinario para llevar energía a comunidades de difícil acceso y poco atractivas para inversionistas privados debido al alto costo de infraestructura y al bajo poder adquisitivo de sus habitantes.
A estas entidades debería fortalecérseles y facilitarles la inversión en generación y transmisión, sobre la base de la excelencia que han demostrado en la distribución de energía en sus respectivas áreas.
Es imperativo incrementar la generación de energía en nuestro país si realmente aspiramos a un desarrollo económico y social acorde con las exigencias actuales de inversionistas nacionales y extranjeros. Pero esto no puede lograrse destruyendo al ICE, como parece plantearse desde la actual administración, ni siendo cómplices de políticas que, desde hace décadas, han venido deteriorando y limitando la capacidad de inversión de la institución.
La energía constituye un pilar estratégico para el crecimiento económico y el desarrollo social del país. Se estima que por cada punto de crecimiento del PIB se requiere un aumento paralelo en la producción energética. En los últimos años, el consumo de derivados del petróleo ha crecido a una tasa anual del 3%, mientras que el consumo eléctrico lo ha hecho a un ritmo del 4%.
De ahí la importancia de enfrentar los desafíos actuales y futuros mediante un Plan Nacional de Energía que contemple el mantenimiento y la expansión de la infraestructura, con una visión sostenible de al menos 30 años, para garantizar no solo la continuidad del servicio, sino también el menor costo posible y el menor impacto ambiental.
Se habla de un rezago en inversión dentro del subsector eléctrico que requiere, con urgencia, alrededor de 4.500 millones de dólares para ponerse al día. Esa inversión debe realizarse no solamente desde el sector público —lo que impactaría directamente las tarifas eléctricas—, sino también mediante esquemas de inversión privada y alianzas público-privadas, sin dejar de lado la visión solidaria hacia las familias y comunidades del país, y no únicamente bajo la lógica de los grandes negocios y los grandes consumidores de energía.
El tema es delicado y debe analizarse alejado tanto de posiciones ideológicas ortodoxas como de las visiones puramente economicistas que intentan imponerse.
Los expertos señalan que en los próximos 25 años el país deberá triplicar lo que ha construido en más de 75 años de historia del ICE. Sin embargo, los jerarcas de la institución han venido reduciendo el horizonte meta del plan de expansión de generación, a pesar del incremento en los requerimientos de capacidad instalada, lo cual constituye una evidente contradicción.
Además, la gobernanza política del sector debe mantenerse en manos del Estado costarricense. De conformidad con la Ley General de Planificación Nacional, corresponde al MINAE ejercer la rectoría del sector y al ICE continuar realizando la inversión en infraestructura requerida a nivel nacional, algo que el sector privado difícilmente hará si no se le garantiza rentabilidad, lucro.
La energía, al igual que los combustibles, es un asunto de seguridad nacional que no puede quedar exclusivamente en manos del sector privado. Este puede ser un socio importante, pero no quien determine la planificación ni la visión solidaria que únicamente un Estado social de derecho puede asegurar.
De ahí la importancia de alcanzar acuerdos mesurados que permitan impulsar el crecimiento económico del país, pero teniendo como prioridad el desarrollo social equitativo y evitando encarecer los servicios para la ciudadanía. El sector energético debe convertirse en un motor de competitividad para Costa Rica, garantizando que nuestra seguridad energética se mantenga sólida, accesible y sostenible para las generaciones presentes y futuras.
Pensar en los más pobres, en los salarios de todas las familias costarricenses y oponerse al adefesio que es la actual propuesta del ley de armonización eléctrica no te hace “comunista”, solamente demuestra que tan solidario sos con quienes más sufren con el aumento en el costo de vida.
