Mario Granados Chacón, investigador académico y profesor universitario.
El pensamiento crítico como defensa ante el populismo, el autoritarismo y el poder de las plataformas digitales
En las primeras décadas del siglo XXI, la democracia ha enfrentado desafíos que no provienen únicamente de crisis económicas, conflictos geopolíticos o de disputas partidarias. En tal sentido, una transformación más profunda ha surgido en nuestras sociedades.
Nos referimos a la manera en que los ciudadanos acceden a la información, en el cómo construyen sus opiniones y en el cómo participan en la vida pública. El auge de los discursos populistas, la reaparición de tendencias autoritarias y la creciente influencia de las tecnologías digitales, configuran un escenario en el que posicionan al pensamiento crítico como una de las herramientas más importantes para la defensa de la libertad.
La expansión del populismo se ha convertido en uno de los fenómenos políticos más significativos de nuestro tiempo. Según el politólogo neerlandés Cas Mudde, el populismo ha dividido la sociedad en dos grupos antagónicos: el “verdadero pueblo” y las élites corruptas.
Esta visión ha tenido simultáneamente, una enorme capacidad movilizadora ofreciendo explicaciones simples para la resolución de problemas complejos. Así, frente a la incertidumbre económica, a la desigualdad social o a la desconfianza institucional, el populismo ha facilitado una narrativa manifiesta sobre quiénes son considerados los responsables y quiénes representan la solución redentora.
Sin embargo, la fuerza de esta narrativa también se ha constituido como su principal limitación. Las sociedades democráticas se nos presentan complejas, diversas y plurales. En tal circunstancia, el encasillarlas en una confrontación entre buenos y malos, implica desconocer la multiplicidad de intereses, entendimientos y representaciones que las conforman.
Por tanto, cuando la política se convierte en una batalla moral entre el pueblo y sus supuestos enemigos, el diálogo democrático desaprovecha espacio frente a la polarización. El adversario deja de ser alguien con quien se puede debatir y se convierte en alguien cuya legitimidad de hecho es discutida y cuestionada.
En tal entendimiento, esta tendencia abre el camino hacia formas de pensamiento incompatibles con la democracia liberal. La efectiva esencia de una sociedad democrática no consiste precisamente en que la mayoría gobierne sino – en todo momento – que exista respeto por la diversidad de opiniones, por las instituciones independientes y por los derechos de las minorías. Cuando una fuerza política tiene la osadía de atreverse a afirmar que representa de manera exclusiva la voluntad del pueblo, corre el riesgo de considerar cualquier límite institucional como un obstáculo ilegítimo. Y es precisamente allí, donde el populismo se ha transformado en una sostenida puerta de entrada para prácticas autoritarias.
El autoritarismo contemporáneo no suele manifestarse mediante golpes de Estado o rupturas abruptas del orden constitucional. Todo lo contrario: ha surgido gradualmente, erosionando las normas democráticas desde dentro, mediante la concentración de poder, el debilitamiento de los mecanismos de control y la deslegitimación de la crítica.
A la vez, tales procesos pueden desarrollarse incluso en contextos adecuadamente democráticos, apoyándose – de manera alarmante – en narrativas que prometen eficiencia, unidad nacional o defensa del pueblo frente a distintas amenazas reales o imaginarias.
La filósofa alemana Hannah Arendt, advirtió que los regímenes autoritarios no dependen exclusivamente de la coerción, requiriendo además ciudadanos incapaces o poco dispuestos a ejercer el juicio crítico. Así, cuando las personas dejan de analizar los hechos por sí mismas y aceptan interpretaciones impuestas por líderes o grupos ideológicos, la libertad comienza a debilitarse. Recordemos igualmente que obediencia intelectual suele preceder a la obediencia política.
A este contexto hemos de sumar un factor novedoso: el poder de las tecnologías digitales. En dicha vía, Internet y las redes sociales fueron presentados inicialmente como herramientas capaces de democratizar el acceso a la información, pretendiendo ampliar la participación ciudadana. En muchos sentidos esta última afirmación pudo haberse logrado de manera parcial. No obstante, su presencia y desarrollo ha producido efectos inesperados – de golpe y porrazo -que han afectado profundamente la misma calidad del debate público.
Será bueno tener presente, que las plataformas digitales funcionan a través de algoritmos diseñados para captar y retener la atención de los usuarios. Su objetivo principal no será entonces promover el conocimiento, así como tampoco fortalecer la deliberación democrática, sino – más bien – maximizar la interacción. Como resultado, los contenidos que generan emociones intensas suelen recibir mayor visibilidad que aquellos que invitan a la reflexión. La indignación, el miedo y la confrontación se han convertido en este momento, en recursos valiosos dentro de emociones basadas en la atención.
Esta lógica ha favorecido la circulación de mensajes simplificados y polarizantes. Las explicaciones serias y profundas compiten en desventaja frente a consignas breves y emocionalmente impactantes. En consecuencia, la esfera pública digital se ha convertido en un espacio donde imperan e influyen las reacciones inmediatas sobre el propio análisis racional. Además, el ciudadano está expuesto a una enorme cantidad de información, aunque no necesariamente dispone de mejores herramientas para comprenderla.
Por otra parte, la recopilación masiva de datos personales ha otorgado a empresas tecnológicas y actores políticos una capacidad inédita para influir sobre comportamientos y preferencias. La socióloga estadounidense Shoshana Zuboff, ha descrito este fenómeno como capitalismo de vigilancia, advirtiendo un sistema en el que la información sobre los individuos se ha convertido en un recurso económico, sicológico y político de enorme valor. La influencia ya no se ejerce únicamente mediante la persuasión directa, lo cierto es que también opera a través de mecanismos invisibles que seleccionan, organizan y priorizan aquello que vemos y consumimos diariamente.
Frente a estos desafíos, el pensamiento crítico aparece dramáticamente como una forma de resistencia democrática. Pensar críticamente no representa desconfiar de todo ni asumir una actitud permanentemente escéptica. Significa desarrollar la capacidad de examinar evidencias, contrastar fuentes, reconocer sesgos y evaluar argumentos antes de admitir conclusiones. Implica también la disposición a convivir con la complejidad y – a la vez – examinar y comprender que los problemas sociales rara vez admiten soluciones simples.
La democracia necesita – en tal sentido – ciudadanos capaces de cuestionar tanto las promesas populistas como las tentaciones autoritarias y las tenues formas de manipulación tecnológica. Sin esa capacidad, las instituciones democráticas posiblemente podrían sobrevivir formalmente, pero – sin duda – bajo el peligro de perder el fundamento cultural que les da sentido. La libertad política dependerá – en última instancia – de la libertad de pensamiento.
En una época caracterizada por la sobreabundancia de información, la polarización y el poder creciente de los algoritmos, pensar críticamente se ha convertido en un acto de responsabilidad cívica y de resistencia ciudadana. Más que una habilidad académica, debemos establecer una condición esencial para preservar la autonomía individual y proteger la democracia frente a quienes buscan simplificar la realidad, concentrar el poder o moldear silenciosamente nuestras decisiones.
La resistencia democrática del siglo XXI comenzará – antes que nada – a partir de la seria capacidad de cada ciudadano para pensar por sí mismo.
