Mario Rodríguez, abogado y comunicador.
En Costa Rica el tema Bukele crea roncha, pues, en los últimos meses, algunos aplauden el modelo carcelario, otros lo cuestionamos.
Además, han salido al menos 130 activistas y periodistas del Salvador por temas atinentesa su propia seguridad, incluso, algunos de sus críticos han sido detenidos, tal es el caso del abogado constitucionalista Enrique Anaya y la también abogada
y ni que decir del polémico acuerdo con el gobierno de Trump, recibiendo migrantes venezolanos en el CECOT, lo cual hasta alertó a la Corte Penal Internacional (CPI), terminando todo con un polémico canje de prisioneros con el gobierno de Maduro.
Pero eso no es todo; veamos otras de sus decisiones polémicas:
- En mayo de 2021, destituyó a un grupo de magistrados de la Corte Suprema y al fiscal general, lo cual evidenciaba que le incomodaba la integración de los órganos principales de administración de justicia, sobre todo el tribunal constitucional;
- Vía decreto legislativo, retiró a los jueces y magistrados con 60 años, y 30 años de servicio; o lo que es lo mismo, a 249 jueces, detalle interesante, se “jubiló” a los funcionarios con mayor experiencia, a expensas de sus deseos e intereses futuros;
- La mayoría parlamentaria de Bukele, facilitó una reforma exprés de la Carta Magna, lo cual le permitiría reelecciones indefinidas, obteniendo un 85% de los votos (reelección), y cuenta con 54 de 60 escaños en el Congreso, es decir, tiene el poder absoluto, para la implementación de sus planes;
- Hizo una tregua con las maras, es más, ha pedido encarecidamente a Trump que les entregue a algunos de los líderes de las maras, ¿por qué será?
- Su respuesta punitiva ha sido implacable, y para explicarlo, nada mejor que recurrir a Amnistía Internacional: “Entre el inicio del estado de excepción el 27 de marzo de 2022 y la actualidad se registraron más de 87.000 detenciones. La mayoría de las personas detenidas fueron acusadas de “agrupaciones ilícitas”, delito relacionado con la actividad de las pandillas y la pertenencia a ellas. La mayoría de las detenciones efectuadas en virtud del estado de excepción eran arbitrarias porque violaban las garantías procesales debido a la ausencia de órdenes judiciales claras, la prolongación de las detenciones administrativas, la falta de información oficial exacta sobre el paradero de los detenidos dada a las familias, y el ocultamiento de la identidad de los jueces que tramitaban los casos. El estado de excepción afectó especialmente a las comunidades marginadas y empobrecidas, e intensificó su vulnerabilidad” (https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/paises/pais/show/el-salvador/).
- El sistema penitenciario salvadoreño tiene niveles altísimos de hacinamiento carcelario, con un índice de ocupación que alcanzó el 300% (Amnistía Internacional).
- El gobierno menoscabó la autonomía y eficacia de los sindicatos. El Movimiento de Trabajadores Despedidos registró la disolución de 10 sindicatos derivada de la eliminación de un número igual de dependencias gubernamentales.
- Una investigación realizada en 2022 reveló que 35 periodistas y activistas de El Salvador habían sido objeto de espionaje con el software Pegasus entre 2020 y 2021 (AI).
- Ante varios reportajes, el presidente Bukele llamó “Imbéciles” (vía la red social X) “… a los periodistas independientes de El Salvador luego que dos investigaciones periodísticas revelaran cómo él y cinco miembros más de su familia, sus tres hermanos, su esposa y su madre, adquirieron 34 propiedades valoradas en nueve millones de dólares durante sus primeros cinco años en el Gobierno” (https://elpais.com/america/2024-10-12/el-clan-bukele-enfurece-por-una-investigacion-que-revela-su-nueva-riqueza.html).
Y para cerrar el círculo dictatorial, con una mayoría aplastante de 57 de los 60 diputados, luego de solo 6 horas de “discusión”, se le puso la lápida a la democracia en El Salvador, al reformarse una vez más la Constitución, para permitir la reelección presidencial indefinida, con una extensión del período de 5 a 6 años, y eliminando la segunda vuelta, o sea, una reforma a la medida de Bukele.
Al respecto, las voces valientes y opositoras señalaron su total rechazo, sobresaliendo la diputada Marcela Villatoro, del Partido ARENA, quien dejó ver su rechazo a la reforma cuando durante la sesión parlamentaria levantó un letrero que decía «este día murió la democracia«, y expresó a la prensa que la ley fue aprobada «sin consulta, de forma burda y cínica«, y, Claudia Ortiz, de la agrupación política VAMOS, al afirmar de forma contundente que: «[Las reformas solo buscan] perpetuar a un pequeño grupo en el poder y seguir acumulando recursos y seguir acumulando poder y dejando a la gente cada vez más pobre. Esta historia se ha contado muchas veces en muchos países del mundo» (https://www.bbc.com/mundo/articles/cy08957n90lo).
Está prohibido olvidar que de la misma forma empezaron Chávez, Maduro y el dúo Ortega- Murillo, no importando si son de izquierda o de derecha, está clarísimo que Bukele no soltará el poder, y que, lamentablemente los opositores seguirán viviendo la persecución de parte del gobierno, incluidos los medios de prensa independientes, los cuales han advertido las severas consecuencias que traerá todo este despliegue de falsa legalidad.
Todo lo anterior, nos debería llevar a una profunda reflexión, sobre todo, cuando algunos en Costa Rica alaban este tipo de decisiones que atentan contra los principios democráticos, y ensalzan la existencia de figuras mesiánicas, “bendecidas” por dios, lo cual refleja de alguna manera la decadencia en la educación y la ausencia de autocrítica del mismo pueblo, al convertirse la manipulación de las masas en el arma para ofrecer soluciones fáciles a problemáticas complejas, y, en donde la concentración del poder en pocas manos parece ser la cura definitiva, siendo, diametralmente todo lo opuesto, para muestra un botón, las realidades de Venezuela y de Nicaragua en la actualidad.
Parece ser que, el círculo de la dictadura se ha terminado de cerrar, y con tantas irregularidades, y con las oenegés analizando acudir a las instancias internacionales de protección de los derechos humanos, el panorama para Bukele se puede complicar, porque se ha esmerado por aparentar una imagen moderna, “cool”, la cual se ha venido desmoronando a nivel internacional, con cuestionamientos desde la misma Unión Europea (https://www.dw.com/es/la-ue-y-la-ley-salvadore%C3%B1a-anti-oeneg%C3%A9s-qui%C3%A9n-paga-los-platos-rotos/a-73053812), y la CPI, la cual tiene la potestad de ordenar la detención de los gobernantes que violenten los derechos humanos.
