Didier Badilla, historiador.
Aunque parezca difícil de creer, existió un breve periodo de la historia en que Costa Rica estuvo libre de deuda externa. Corría el año de 1842, durante el gobierno de don Braulio Carrillo —considerado el arquitecto del Estado costarricense— cuando se logró librar al país de compromisos en el extranjero. Para entender la importancia y el cómo de lo sucedido ese año, debemos retroceder en el tiempo.
Tres años después de la independencia de España, Costa Rica pasó a formar parte de la República Federal Centroamericana, pero desde sus orígenes, la Federación enfrentaría serios obstáculos y parecía estar condenada al fracaso debido a diversas pugnas localistas y otras razones de índole económica.
Entre estas, la Federación había nacido desfinanciada y destinada a tener más gastos que ingresos, no sólo porque había heredado las deudas del gobierno colonial, sino también a causa de algunos préstamos eclesiásticos.
A estas inconveniencias, había que añadir los compromisos monetarios adquiridos por el gobierno liberal, las dificultades para crear un sistema tributario eficiente y la existencia de una pesada estructura hacendaria sobre los Estados miembros.
Para tratar de remediar la complicada situación financiera, en 1824, la casa Barclay de Londres le otorgó a la Federación un empréstito que equivalía a un millón de libras esterlinas, realizando una primera entrega de 200.000 libras y posteriormente otra de 150.000. Sin embargo, algún tiempo después dicha casa se declaró en quiebra, por lo que, una nueva entidad llamada Reid Irving y Co. se hizo cargo del préstamo.
Aunque en realidad sólo se habían entregado 350.000 mil libras, las negociaciones llevadas a cabo por el agente de la República Federal habían sido tan desacertadas, que el valor de la deuda ascendía ya a más de un millón. El gobierno federal se había comprometido a amortizarla con la renta del tabaco, peronunca lo hizo. El dinero sobrante sería supuestamente distribuido proporcionalmente entre los Estados de la República para cubrir sus necesidades, pero esto tampoco se cumplió, pues el dinero se gastó en pagar sueldos y otros gastos imprevistos. Costa Rica, dicho sea de paso, nunca recibió ni un centavo de dicho préstamo.
En 1829, por medio de la Ley Aprilia, Juan Mora Fernández había separado temporalmente a Costa Rica de la Federación, pero dos años después, el país se constituyó nuevamente como miembro de la misma. Sin embargo, ya para 1838, durante el gobierno de don Braulio Carrillo, se declaró a la nación como soberana y se separó definitivamente de la agonizante Federación Centroamericana.
Ahora bien, la deuda adquirida por la Federación aún debía ser honrada por los Estados miembros a través de una suma proporcional para cada uno. En 1836, el Cónsul británico Frederick Chatfield y Francisco Morazán, habían acordado el pago de la deuda por medio de las rentas del tabaco.
Dos años después, el gobierno costarricense y dicho Cónsul acordaron que el monto correspondiente a Costa Rica sería de 2,000 petacas de tabaco, cuyo valor estimado era de unos 60,000 pesos. Este producto fue vendido en Nicaragua e intercambiado por añil, con un valor de 106,615 pesos,el cual fue posteriormente remitido a Gran Bretaña en 1842 y vendido allí por un monto que cubrió con creces la cuota de la deuda federal.
Sin embargo, el país terminó pagando mucho más de lo adeudado (16,210 libras aproximadamente), debido a otros reclamos —de los cuales nunca se presentó prueba, pero que fueron exigidos bajo amenaza—presentados a la Federación por parte del gobierno británico en representación de varios súbditos ingleses.
A pesar de esto, el pago extra bien valió la pena. La importancia de este hecho radica en que, al cancelarse la deuda con Inglaterra, el país se quitó de encima cualquier futura y eventual amenaza de intervención por parte del antiguo imperio, infortunio que sí sufrieron otras naciones como Honduras, El Salvador y Nicaragua. Con este pago, se cancelaba, al menos de manera temporal, la deuda externa del país. Pero la alegría duraría poco.
En 1870, durante el gobierno de don Tomás Guardia, se planteó el proyecto de la construcción de un ferrocarril al Atlántico para facilitar las exportaciones a Europa. Para esto, se envió a don Manuel Alvarado Barroeta a Lima para que negociase la construcción de la vía férrea con el empresario norteamericano Henry Meiggs, quien había adquirido fama mundial por haber construido los ferrocarriles de Chile y Perú. Para financiar la obra, el general Guardia tomó una decisión que, a la postre, resultaría fatal para el frágil erario público costarricense: contratar una serie de empréstitos con casas financieras británicas.
Con este propósito, el gobierno (desatinadamente), contrató los servicios de un hondureño llamado Carlos Gutiérrez, quien había negociado para su país otros préstamos en condiciones muy desfavorables. En 1871, dicho caballero suscribió, a nombre de nuestro país, un cuestionable empréstito con la casa Bischoffsheim & Goldschmidt por un monto de un millón de libras esterlinas; del cual, según el contrato, Costa Rica sólo recibiría el 56% y quedaría pagando unos intereses elevadísimos.
Una vez obtenido este nefasto crédito; el secretario de Hacienda, don Manuel Alvarado, viajó de regreso a Perú en donde firmó con Meiggs un contrato para la construcción de un ferrocarril entre la provincia de Alajuela y Puerto Limón, con un costo de 1,600.00 libras esterlinas.
Como habrá notado el lector, el monto del primer crédito no era suficiente para cubrir el costo total de la obra, por lo que el gobierno (representado por el canciller Lorenzo Montúfar junto a Gutiérrez) tuvo que negociar un segundo empréstito con la misma casa, cuyo valor ascendía hasta un total de 2,000.000 de libras esterlinas. Pero esto no era todo.
Aunque las condiciones de este segundo crédito eran más favorables, el presidente Guardia, decepcionado del manejo del primer préstamo y de la casa financiera que lo otorgó, decidió no aprobarlo y más bien envió a Alvarado a Londres para contratar un nuevo préstamo por la suma de 2,400.000 libras. Este último, embarcado (o embaucado) por un diplomático nicaragüense llamado Tomás de Franco, se puso en contacto con el Barón Emile d’Erlanger, banquero francés radicado en aquella ciudad.
En mayo de 1872, Alvarado y Franco firmaron un contrato con las casas Knowles & Foster y Emile Erlanger & Co. por el monto antes mencionado. Las condiciones establecidas en dichos convenios iban en amplio detrimento de los intereses costarricenses. El país terminaría recibiendo sóloun poco más de un millón de libras y el resto quedaría enmanos de intermediarios, pero el gobiernoestaba obligado a cancelar el monto original más los intereses.
Las condiciones gravosas de dichos créditos hicieron casi imposible para el país cumplir con sus compromisos con ambas casas financieras. El presidente Guardia viajó personalmente a Europa en 1872 para renegociar personalmente con los banqueros y firmó un nuevo contrato con ellos, pero esto sólo agravó la situación. Al final, el gobierno costarricense se vio obligado a suspender los pagos.
Los financistas trataron de establecer recaudadores en nuestras aduanas para asegurar sus pagos —según lo permitían los contratos—, pero el gobierno no lo permitió. En 1873 se realizaron arreglos de pago con las casas financieras, pero los resultados fueron desastrosos y estas últimas salieron aún más beneficiadas.
En 1874 el gobierno costarricense, tratando de salir de este laberinto, decidió recurrir a los tribunales británicos e iniciar un litigio en contra de Emile Erlanger & Co., pero se contrataron (por recomendación de Tomás de Franco) los servicios de un bufete carísimo, para lo cual se tuvo que solicitar otros créditos. En 1875, el parlamento británico, alarmado, abrió una investigación que en realidad no contribuyó a solventar la situación costarricense y ese mismo año la casa financiera contrademandó a Costa Rica.
No sería hasta 1878, cuando el gobierno decidió enviar a Gran Bretaña a don Manuel María de Peralta, que la situación mejoraría un poco. El país, cansado de gastar dinero, cambió de firma representante ante el litigio y se llegó a un acuerdo con los banqueros para lograr finalizar las obras del ferrocarril a cambio de retirar la demanda sin condiciones ni reservas.
De esta manera, Costa Rica no pudo librarse de sus compromisos británicos y la deuda externa se convertiría en deuda eterna, encerrando al país en un círculo interminable de pagos a esta y otras naciones para la posteridad.
En 1883, el gobierno entró en negociaciones con Minor Keith, quien era sobrino de Henry Meiggs, para llevar a cabo la construcción y explotación del ferrocarril al Atlántico. Keith se comprometía a solventar las deudas de los empréstitos con las casas Knowles & Foster y Emile Erlanger & Co. y reunir el capital necesario para la construcción de la obra, cuya suma no debía exceder los seis millones de libras. A cambio, el gobierno le cedía a Keith la explotación de la vía férrea por 99 años y se le concederían 800 mil acres de terreno, entre otras concesiones.
Un año después, se suscribió otro contrato entre Keith y el secretario de Gobernación, Bernardo Soto, para facilitar el arreglo definitivo con las casas banqueras de Londres y fue hasta este momento en que Costa Rica logró ponerse al día con sus acreedores británicos, pero el daño ya estaba hecho.
