Zoraida Portillo
Las olas de calor no afectan por igual a las personas. La precariedad habitacional y la exclusión social determinan quienes sufren más sus consecuencias. Sin embargo, expertos advierten que muy pocos estudios han analizado hasta el momento el impacto de ese problema social.
Así lo muestra una revisión científica de artículos publicados entre 1993 y 2024, que encontró una marcada escasez de investigaciones sobre cómo vive la gente las olas de calor, las condiciones térmicas en sus viviendas y los impactos sobre su salud.
Según el análisis, publicado en la revista científica Climate Risk Managment, en tres décadas, solo 48 investigaciones abordaron las olas de calor en Latinoamérica desde la perspectiva de las ciencias sociales, en detrimento a muchas más que se enfocaron en el clima, la meteorología y las ciencias atmosféricas, por ejemplo.
“Sabemos más sobre el calor como fenómeno físico que sobre sus efectos sociales y territoriales”, reconoce a SciDev.Net Arturo Vallejos-Romero, autor principal de la revisión e investigador del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de La Frontera de Chile.
“Las olas de calor no afectan a todas las personas de la misma manera. Si no sabemos quiénes están más expuestos, dónde están y qué condiciones agravan el riesgo, las medidas tienden a ser demasiado generales y no llegan primero a quienes más las necesitan”, precisa.
En diálogo con a SciDev.Net, Carina Lakovits, especialista en desarrollo urbano del Banco Mundial y que no fue parte de la revisión, concuerda, y detalla que al cruzar datos de temperatura con información socioeconómica de ciudades de Colombia y México se observa “que los hogares más pobres suelen vivir en los barrios más calientes, con menos árboles y viviendas más precarias”.
Ella es una de las dos especialistas que dirigió el equipo del Banco Mundial que en octubre de 2025 publicó un informe sobre las olas de calor en América Latina y el Caribe.
El estudio revela que en las últimas dos décadas la mortalidad asociada al calor creció 140 por ciento en la región y estima que para finales de siglo las temperaturas máximas diarias en las ciudades subirán entre 2,3 y 2,7°C, principalmente en países caribeños y regiones amazónicas.
“La mayoría de la infraestructura urbana en la región no fue diseñada para el calor extremo. Necesitamos que los programas de vivienda y mejoramiento de barrios incorporen criterios de confort térmico como un estándar básico, no como un ‘extra’”, explica Lakovits.
Aclara, sin embargo, que la vivienda no puede separarse de su entorno y debe coordinarse con la planificación urbana “para reducir las olas de calor a escala de vecindario: más áreas verdes, corredores bioclimáticos y calles arboladas”.
Jorge Ruiz de Somocurcio, arquitecto urbanista y ex decano del Colegio de Arquitectos de Lima, Perú, señala a SciDev.Net que enfrentar el calor extremo requiere políticas de largo plazo, como la creación de áreas verdes, el cambio de la matriz energética y la protección de los valles periurbanos.
La ampliación de áreas verdes y la plantación de árboles son parte de las soluciones frente al aumento de temperaturas y las olas de calor más intensas y frecuentes. Crédito de la imagen: Zoraida Portillo.
Costo económico importante
El calor extremo no solo es un fenómeno climático: también tiene efectos económicos. El informe del Banco Mundial estima que las principales ciudades de la región podrían perder más de 5 por ciento de su producto bruto interno en los próximos años pues el calor excesivo afecta la productividad y la salud, considerando que el 70 por ciento de trabajadores de la región están expuestos a altas temperaturas.
Por eso, la socióloga María Carla Rodríguez, especializada en planificación urbana y hábitat y docente de la Universidad de Buenos Aires, señala a SciDev.Net que es preciso discutir no solo las causas sociales, económicas y políticas que agravan la ocurrencia de estos fenómenos, sino también los márgenes de acción para modificarlos.
Rodríguez, que tampoco participó en la revisión en la Climate Risk Management, puntualiza que “se requiere transformar el paradigma de la inversión pública e incorporar criterios centrados en el cuidado de la vida”.
“Los problemas de mala o inexistente planificación tienen por trasfondo enfoques políticos y epistemológicos que hay que revisar y modificar”, añade.
Modelos vienen del Norte Global
Un riesgo adicional detectado por Vallejos-Romero y su equipo es que para estudiar las olas de calor en Latinoamérica se usan métricas y modelos de países desarrollados.
“Si se usan sin adaptación local, se corre el riesgo de medir bien la temperatura, pero medir mal la vulnerabilidad”, advierte, lo que puede acarrear políticas “que parecen correctas en el papel, pero no responden a la realidad de los barrios ni a las formas concretas en que la población vive el calor extremo”.
Para Vallejos-Romero, incorporar la experiencia de las comunidades en las estrategias de adaptación es vital, porque sin su participación “se pierde información valiosa y justicia climática”. “Las soluciones corren el riesgo de favorecer primero a quienes ya tienen mejores condiciones para protegerse”, opina.
“La participación de las mujeres es central”, añade Lakovits, y debe reflejarse tanto en los equipos técnicos y espacios de decisión, como en el diseño de políticas que consideren sus patrones de movilidad, usos del espacio público y responsabilidades cotidianas.
Vallejos-Romero señala que incorporar a la población local no depende solo de voluntad política, sino también de capacidades institucionales, coordinación entre sectores y mecanismos de participación efectivos.
Ruiz de Somocurcio agrega que “el panorama será muy pesimista si no comenzamos a planificar ciudades sostenibles”. “Pero estamos a tiempo de poner la sostenibilidad urbana en la agenda pública”, concluye.
