Andrea Dotta Brenes, Magister en Derechos Humanos y Educación para la Paz.
Millones de personas se desplazan por el mundo en busca de un mejor futuro y Costa Rica no escapa a este fenómeno dinámico y creciente.
Diferentes factores políticos, sociales, ambientales y económicos han incentivado la movilización de miles de personas hacia Costa Rica. (Martínez y Cano, 2022, p.329).
El fenómeno del envejecimiento poblacional en América Latina y el Caribe avanza a un ritmo acelerado, transformando las dinámicas sociales, económicas y familiares de la región.
En este contexto, la migración es una dimensión que debe contemplarse como parte del análisis de los factores que se relacionan con dicho fenómeno y que impacta directamente en las condiciones de vida de muchas personas mayores.
Este proceso ocurre en paralelo con importantes movimientos migratorios, tanto internos como internacionales, que reconfiguran las redes de apoyo y cuidado de esta población.
Un artículo publicado por Nora González , investigadora del Centro Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), denominado Migraciones y Dignidad Humana argumenta que la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) reconoce en su artículo 13 el derecho a la migración y establece que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado, así como a salir de cualquier país, regresar al propio o ir a otro diferente.
Este artículo subraya la importancia de la libertad de movimiento y la posibilidad de establecer un nuevo hogar en un lugar diferente al habitual.
Nora González explica que existen diversos agentes que influyen en este fenómeno migratorio, uno de ellos es el Estado que, al no ofrecer las condiciones necesarias o adecuadas para el desarrollo humano y la vida digna algunas personas se ven en la necesidad de migrar a otras regiones dentro del mismo país o fuera de este, por otro lado, la inacción del Estado, es decir, la falta de intervención de este perpetúa la exclusión, las desigualdades y la pobreza.
Aun cuando en la normativa nacional e internacional se encuentra establecido el derecho humano a la migración la garantía de este derecho en condiciones seguras, ordenadas, planificadas y dignas resulta complejo de garantizar, esta situación impacta a las personas mayores.
El Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (2013 ), en su capítulo C, reconoce que las personas mayores son sujetos de derechos y actores clave en el desarrollo, pero también advierte que continúan enfrentando discriminación, violencia y múltiples formas de exclusión.
Además, señala la importancia de formular políticas públicas que consideren los cambios en la estructura por edades y garanticen el bienestar de esta población, especialmente en contextos de transformación social como la migración. El documento también enfatiza la necesidad de: Por un lado, existen personas adultas.
El documento también enfatiza la necesidad de: Por un lado, existen personas adultas mayores que migran, ya sea dentro del mismo país o hacia otros países en busca de mejores condiciones de vida, reunificación familiar o acceso a servicios. Por otro, un fenómeno cada vez más común es la migración de personas jóvenes, lo que deja a las personas mayores en contextos de mayor soledad o dependencia de los servicios del estado al ver su red de apoyo significativamente disminuida.
Este escenario genera nuevas vulnerabilidades, especialmente cuando las redes familiares tradicionales se debilitan. La ausencia de apoyo cercano puede incrementar la necesidad de cuidados formales y exponer a las personas mayores a situaciones de aislamiento social.
El Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo (2013), en su capítulo C, reconoce que las personas mayores son sujetos de derechos y actores clave en el desarrollo, pero también advierte que continúan enfrentando discriminación, violencia y múltiples formas de exclusión.
Además, señala la importancia de formular políticas públicas que consideren los cambios en la estructura por edades y garanticen el bienestar de esta población, especialmente en contextos de transformación social como la migración.
Uno de los principales retos identificados es el aumento de la demanda de cuidados, en un contexto donde los sistemas institucionales aún son insuficientes. Esta situación se agrava cuando la migración disminuye las redes de apoyo familiares quedando hogares con menos recursos. Asimismo, la feminización del envejecimiento y de las tareas de cuidado implica que las mujeres mayores enfrentan condiciones de mayor vulnerabilidad, lo que requiere políticas con enfoque de género.
Frente a este panorama, se vuelve fundamental avanzar hacia políticas públicas integrales que articulen envejecimiento, migración y derechos humanos. Esto implica:
• fortalecer sistemas de cuidado accesibles y sostenibles,
• promover la inclusión social y la participación de las personas mayores,
• y reconocer la diversidad de experiencias en la vejez, especialmente en contextos migratorios.
El envejecimiento poblacional no debe entenderse únicamente como un desafío, sino también como una oportunidad para construir sociedades más inclusivas, solidarias e intergeneracionales.
