Mario Rodríguez, abogado y comunicador.
Los recientes días, se han convertido en un polvorín judicial, justamente, cuando se recuerdan los 50 años de la muerte del dictador Franco, y el inicio del reinado del rey emérito Juan Carlos I, hoy en un auto exilio, y quien precisamente acaba de publicar en francés sus memorias, las cuales ha titulado: “Reconciliación”.
Dicen los expertos que el libro no le hace mucho honor al título, pues, como afirman los españoles, el emérito ha cargado contra su hijo, no ha mencionado a la reina, ha sido cauto en aceptar los amores prohibidos, y, además, ha dicho que no se arrepiente de nada.
En este sentido, no se pueden dejar pasar las polémicas del rey Juan Carlos I, desde su vergonzoso safari para cazar a unelefante en Botsuana, sus múltiples deslices amorosos desde hace muchos años, terminando por las donaciones hechas por los jeques árabes a su patrimonio, con todo el cuestionamiento jurídico y ético que ello conlleva.
Pasando página, y enfocándome en lo de mayor interés, ha sido casi inverosímil, ver sentado en el banquillo de los acusados al fiscal general del Estado español, el señor García Ortiz. Todo esto, tiene un trasfondo previo, debido al inicio de una causa penal contra el ciudadano español González Amador, quien, si no fuera la pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, probablemente hubiese pasado desapercibido.
El lío penal del novio de Isabel Díaz Ayuso consiste en dos delitos por fraude fiscal y falsedad documental, además, tiene una segunda causa abierta por un presunto soborno empresarial.
El tema delicado de todo esto es que, en apariencia, el abogado de González Amador estaba negociando una pena con el fiscal, para lo cual hubo un intercambio de correos electrónicos que provocó la filtración en los medios de prensa de uno de éstos, generando una ola de noticias en torno a la aparente aceptación de los hechos por parte del endilgado.
A raíz de esto, se interpone una denuncia contra el fiscal general del Estado, por el delito de revelación de secretos, el cual, recientemente captó la atención del público español, durante la realización del juicio ante la Sala II del Tribunal Supremo.
Todo esto, ha tenido repercusiones en el ámbito judicial y político, pues, a diferencia de Costa Rica, la fiscalía española no es parte del Poder Judicial, por ende, el fiscal general es propuesto por el presidente español,luego, nombrado por el rey, por lo cual, ante la condena de dos años de inhabilitación contra García Ortiz, los rivales políticos de Pedro Sánchez han aprovechado para pedir una vez más su dimisión, y la convocatoria a elecciones generales.
Tuve la posibilidad de escuchar algunas de las declaraciones vertidas durante el juicio, en donde, con una tremenda solemnidad, cada una de las partes expuso sus posiciones, y, ninguno de los testigos logra establecer que el fiscal haya filtrado el correo electrónico, siendo que, por el contrario, los mismos periodistas llevados como testigos, negaron que la información viniera del señor García Ortiz.
A pesar de todo esto, el TRIBUNAL SUPREMO le ha condenado (5 votos contra 2), lo cual ha generado la renuncia por parte de éste, y el nombramiento reciente de la nueva fiscal del Estado Español, sin oposiciones por parte del Consejo Superior del Poder Judicial, y a falta de ratificación por parte del rey Felipe VI.
En todo caso, algunos juristas españoles (Baltazar Garzón, por ejemplo), consideran que la decisión -de la cual se desconocen los argumentos- podría presentar serios problemas de forma como de fondo, debido a cómo se ha manejado el asunto.
Primero, el mismo Tribunal Supremo informa la parte dispositiva de la decisión, con una condena, sin explicar los argumentos, o al menos un resumen de éstos. Posteriormente, durante los días de deliberación, tres de los jueces del alto tribunal español acuden a impartir un curso en el Colegio de Abogados de Madrid, con paga incluida.
Pero lo realmente sorprendente de todo es que dicha institución es parte acusadora en contra del señor García Ortiz, lo cual ha sido cuestionado, no tanto por el monto pagado por el servicio, sino por el evidente conflicto de intereses.
Pero, para agravar la situación, en el último día de curso el alto juez se despide de sus alumnos de la siguiente forma: “Concluyo, tengo que poner la sentencia al fiscal general”, lo cual fue captado por una grabación de audio, difundida en la gran mayoría de los medios españoles, aumentando el embrollo en la justicia española.
Ahora bien, básicamente, se cuestiona el hecho de que el ponente o redactor del fallo no era el juez Arrieta; por ende, si el juez revela que él será ahora el ponente, evidenciaba la existencia de votos disidentes, lo cual ha llevado a considerar la presencia de otro delito de revelación de secretos, constituyéndose en una suerte de paradoja. Esto ha generado la presentación de una querella contra el citado juez superior, en este caso, interpuesta por una organización política de Cataluña, denominada los “Comuns”, al respecto se ha mencionado:
“La manifestación fue realizada en tono jocoso, provocando una sonora carcajada colectiva entre los asistentes”, sostiene el texto de la denuncia de los Comuns, a la que ha tenido acceso elDiario.es. Para el grupo plurinacional “tal circunstancia evidencia que la audiencia interpretó claramente que el magistrado estaba revelando información internamente reservada sobre el estado de la deliberación y la elaboración de la sentencia, y que el propio querellado era consciente del carácter impropio de su revelación, al presentarla en clave humorística” (https://www.eldiario.es/politica/comuns-querellan-revelacion-secretos-presidente-tribunal-condeno-fiscal-general_1_12803114.html).
Y como si fuese poco,hay que agregar que, otro de los jueces sentenciadores, estuvo en el tribunal evaluador de la tesis de doctorado del abogado de González Amador, dejando en evidencia, las delgadas líneas que existen en el ámbito de la justicia.
Tanto la Corte Interamericana como el Tribunal Europeo, ambos de derechos humanos, han establecido la existencia de un derecho fundamental a contar con jueces independientes e imparciales, por lo cual todavía esta historia tendrá muchas más repercusiones.
Siendo finalmente que, si bien el fiscal general ha dejado su cargo, tiene la posibilidad de interponer un recurso contra el mismo Supremo, y además, puede acudir ante el Tribunal Constitucional.
