Mario Granados Chacón, investigador académico y profesor universitario.
Cuando gobernar en nombre del pueblo se convierte en la forma más eficaz de debilitarlo
Hay democracias que mueren de golpe. Y existen otras – más inquietante aún – que pierden su esencia y su sentido lentamente mientras siguen funcionando. Nuestra democracia parece pertenecer- cada vez más – a esta segunda categoría.
No hay soldados y tanques en las calles ni suspensión de elecciones. Todo – de momento – está en pie, tribunales, parlamento, prensa independiente, discursos oficiales sobre legalidad. Pero algo esencial se ha desplazado. Algo huele mal en Dinamarca, diría Shakespeare en Hamlet.
La democracia no está siendo derrocada – para llamarlo con claridad – está siendo reinterpretada. Una mano siniestra recorre nuestra Patria. Y en esa reinterpretación de por si peligrosa por su sutileza, convergen tres fuerzas que rara vez actúan solas: populismo, autoritarismo y corrupción.
El populismo no irrumpe como ideología coherente, sino como una forma de simplificar la política hasta volverla emocionalmente asimilable y manejable. Divide el mundo en dos: un “pueblo puro” y una élite corrupta. No importa si esa élite cambia de rostro – políticos tradicionales, jueces, periodistas, medios de información o burócratas- ; lo relevante es que exista como enemigo funcional. En esa narrativa, complejidad equivale a traición.
La consecuencia es inmediata: todo aquello que medie, limite o contradiga la voluntad del líder puede ser presentado como obstáculo ilegítimo.
El problema no es la crítica a las élites -muchas veces necesaria – sino la eliminación de cualquier espacio intermedio entre el poder y “el pueblo”. Cuando esa distancia desaparece, también lo hace la posibilidad de control.
Ahí comienza el deslizamiento autoritario. No es un quiebre dramático ni siquiera una acción calamitosa. Es una acumulación de acciones y posturas que van desde el señalamiento constante al Poder Judicial como actor sospechoso, pasando por la deslegitimación discursiva de la Asamblea Legislativa cuando no se pliega e incluyendo el desgaste sistemático de la confianza en órganos técnicos como la Contraloría General de la República y el mismo Tribunal Supremo de Elecciones.
Por supuesto que nada de esto – por sí solo – constituye autoritarismo. Pero su repetición construye un clima donde el límite institucional deja de percibirse como garantía y empieza a verse como estorbo.
En dicho clima, el poder necesita menos justificación y más adhesión. Oscurece más la situación la evidente conexión del gobierno actual, capaz de solicitarle a una potencia extranjera la suspensión de visas a políticos, funcionarios, magistrados y empresarios evidentemente no alineados. Hasta dónde se llevará el tema mencionado.
Es ahí donde la corrupción deja de ser un accidente y se convierte en engranaje. No hablamos únicamente de escándalos – aunque los hay y han sido notorios, como el Caso Cochinilla o el Caso Diamante -, sino de algo más profundo, cuando arribamos a la normalización de una lógica donde lo público se administra en función de lealtades.
La corrupción – en este contexto – no debilita necesariamente al poder, más bien viene a fortalecerlo. Distribuye beneficios, asegura fidelidades, premia alineamientos y devuelve favores. Por lo tanto, no es una falla del sistema. Todo lo contrario, su desarrollo se convierte en su propio combustible.
Y, sin embargo – por otra parte – el discurso dominante sigue siendo moralizante. Se denuncia la corrupción con intensidad creciente. Se multiplican los enemigos. Se construye una narrativa de limpieza permanente.
Pero esa denuncia opera de forma selectiva, amplificando la culpa del adversario y diluyendo la propia o la de sus aliados políticos. Como consecuencia de lo anterior, la corrupción deja de ser un problema estructural para convertirse en una poderosa arma retórica. De este modo, lo inquietante no es la contradicción que exhibe, sino su enérgica eficacia.
Porque este triángulo – populismo, autoritarismo y corrupción – no requiere ni pretende coherencia, lo que necesita y busca es funcionalidad. Así, el populismo legitima, el autoritarismo ejecuta, la corrupción sostiene. Y todo ello, puede coexistir con elecciones periódicas, con discursos democráticos, incluso con altos niveles de apoyo popular, arribando a lo que podríamos llamar como el punto ciego de la cuestión.
La democracia costarricense ha descansado históricamente en una confianza casi cultural en sus instituciones. Pero esa confianza no es inagotable. Cuando se erosiona desde el propio poder – cuando se siembra duda sistemática sobre jueces, legisladores, prensa o controles técnicos –como se ha hecho especialmente en los últimos cuatro años, lo que se debilita no es un gobierno específico, sino la arquitectura que hace posible cualquier gobierno democrático. Y entonces, la pregunta deja de ser teórica.
¿Cuánta erosión puede soportar una democracia antes de dejar de serlo, aunque conserve su forma?
Creo que no existe una respuesta puntual. No obstante, concurren– en la actualidad – indicios y señales algunas muy claras y evidentes. De la misma forma, varias de ellas ya forman de la realidad política de hoy, alimentada en la perspectiva el de la impaciencia frente al procedimiento, de la glorificación de la decisión rápida, de la sospecha constante sobre el desacuerdo, de la tentación de reducir la ética política a simples lealtades personales.
Defender la democracia entonces – en este comprometido escenario – no es repetir consignas ni idealizar el pasado. Es algo más serio y delicado: debemos aceptar su complejidad, tolerar sus fricciones y sobre todo, defender los límites al poder incluso cuando esos límites resultan frustrantes.
Porque la alternativa no es precisamente una democracia más eficiente. Es una democracia que – poco a poco – deja de serlo sin que nadie pueda señalar con claridad el momento exacto en que se perdió.
