Mario Rodríguez, abogado y comunicador.

Aunque, los titulares de los medios de prensa son abarcados por los lamentables hechos de violencia en perjuicio de los seres humanos, con una proyección terroríficacercana a los 900 homicidios dolosos al finalizar el 2025 (OIJ), sin contar la gran cantidad de personas que quedarán con secuelas físicas y emocionales importantes, al ser sobrevivientes de estos acontecimientos, hay otras situaciones que no se pueden dejar de lado, y en particular me refiero a aquellas en donde los sujetos pasivos de las agresiones son las mascotas.
En 2017, se crearon los delitos por crueldad contra los animales, muerte animal, y la prohibición de peleas, pero, como suele pasar en nuestro país, no se le concedió ni un colón de más al Poder Judicial, para enfrentar este tipo de acciones, obviándose que, se requerirían muchos millones de colones, para hacerle frente a delitos que exigen la misma importancia a los ya existentes.

Se trataba de otorgar los insumos necesarios al OIJ, para que, desempeñase la investigación con los más altos estándares de calidad, desde la interposición de la denuncia, ello con la dirección funcional de los fiscales, y así, promover acciones represivas efectivas, llevando a las personas imputadas con pruebas suficientes ante los tribunales.
Esto, significaba dotar de vehículos especiales para el traslado de los animales heridos; alimentación; jaulas para el transporte, vehículos refrigerados para el traslado de los cadáveres; contar con al menos una jaula con las condiciones óptimas en cada oficina judicial en donde haya un ministerio público y una oficina del OIJ, para el resguardo temporal de los animales heridos.
Tener asimismo una unidad médico legal veterinaria, con su cuerpo de médicos veterinarios forenses y sus asistentes, tanto en la valoración de las mascotas heridas, como en el caso de la realización de las necropsias, prueba esencial en estos casos, para conocer la causa y manera de muerte, tal y como sucede con los humanos. Pero, nada de esto ocurrió, pues, ni el gobierno de SOLÍS RIVERA, ALVARADO QUESADA, y tampoco el de CHAVES ROBLES, se preocuparon por dotar al PJ de los recursos para realizar las labores de la mejor manera.

Ahora bien, entonces ¿qué queda? ¿cruzarnos de brazos? No, jamás, el PJ ha venido haciendo frente a los casos de violencia contra los animales, con algún tipo de resistencia, quizás mínima, ante el nivel de crecimiento exponencial de la violencia contra los seres humanos, traducida en un aluvión de muertes, las cuales requieren de investigaciones de calidad, llevando a los funcionarios encargados a un nivel máximo de exigencia, con un evidente agotamiento físico y mental, lo cual ha llevado a una gran cantidad de renuncias.
Pero ello, no justifica que, ante una denuncia, interpuesta ante OIJ o ante la fiscalía, no se actúe, ello sería inadmisible, a pesar de la ausencia de los recursos ya comentada. Claramente, espero que, el próximo gobierno de la República, sí otorgue los recursos requeridos, para así, crear una sección médico legal veterinaria en el Complejo de Ciencias Forenses de San Joaquín de Flores, porque ello, es una necesidad imperiosa, para sí, cumplir a cabalidad con la obligación legal establecida.
Lamentablemente, la violencia no cesa en contra de los animales, ya que, un día sí y otro también, vemos como éstos son víctimas de los más bajos instintos del ser humano, ya sea porque se atenta contra ellos, o bien, porque se les utiliza como “armas” en contra de otros animales, o en perjuicio de los seres humanos, denotando que, no todos los hombres deberían tener el privilegio de gozar de la compañía de un animal, pues, esto implica una enorme responsabilidad, tal y como se advierte desde la misma Ley de Bienestar Animal.

Un mecanismo estadístico muy relevante, para dimensionar en cómo evoluciona la violencia contra los animales, son los datos del OIJ, los cuales, al 30 de octubre del presente año, evidencia cifras terribles, veamos.
Relacionado con el tema de denuncias por delitos contemplados en la ley de bienestar animal recibidas en las diferentes dependencias del OIJ, tenemos lo siguiente:
- Total, de causas por delitos relacionados al bienestar animal en Costa Rica, periodo del 1 de enero al 30 de octubre del 2025: 324.
- 3 causas menos que en el mismo periodo del año anterior en el cual se contabilizaron 327 casos.
- Lo anterior, probablemente, provocará que este vaya a ser un año más violento.

Como se puede visualizar en este gráfico, podemos observar que llevamos 180 denuncias por muerte animal, 82 por maltrato animal, 52 por crueldad animal, siendo que en esencia, según la ley de bienestar animal, son lo mismo, y 10 denuncias por peleas de animales, representando estadísticas preocupantes que nos deben llevar a una profunda reflexión, en torno a la necesidad de prevenir toda agresión en contra de los animales protegidos por esta ley, cuáles son los animales domésticos (perros, gatos), o animales domesticados.
No podemos olvidar que, por ejemplo, los grupos de crimen organizado suelen usar las peleas de animales (perros, gallos), con la intención de lavar dinero, no siendo una novedad que, cuando las autoridades han actuado ante este tipo de eventos ilegales, no solo se decomisan los insumos para ejecutar las peleas, sino que también se han decomisado armas de fuego, drogas, dinero, etc., por ende, debe ser un tema país, la erradicación absoluta de este tipo de actividades.

Por ello, hago una humilde excitativa a los políticos, y futuros gobernantes, para que, aporten los recursos requeridos al PJ, con la intención de implementar todos los mecanismos necesarios, para el mejoramiento en el abordaje de este tipo de investigaciones criminales.
Y, a los funcionarios encargados, seguir con mística y profesionalismo actuando, en este tipo de casos, aun cuando se deban realizar con los mínimos recursos de dinero y tiempo posibles.
Aunque, también se deben invertir recursos en la educación, desde los mismos centros de enseñanza, para prevenir el maltrato contra los animales.